La decisión se basó en los siguientes supuestos políticos y militares:
1)Naciones Unidas se había adherido firmemente a la doctrina de la guerra justa mediante la aprobación, por grandes mayorías, de las resoluciones 2131 (1965), 2326 (1967), 2908 (1972), 3281 (1974) y 3314 (1974), que reconocían explícita mente la legitimidad de las guerras de liberación, de autodeterminación, contrarias a la opresión racial, etc. Amparada en este antecedente legal, la mención a una hipotética recuperación de las islas por la vía armada había estado presente en el discurso diplomático bilateral desde
2)Entre 1981 y 1982, varias acciones del Gobierno británico fueron interpretadas por la Junta militar argentina como señales de desinterés por el archipiélago, sus habitantes y su futuro; entre otras:
Debido a recortes presupuestarios, el Ministerio de Defensa británico decidió prescindir de sus dos portaaviones y del patrullero antártico HMS Endurance, llamado por los británicos. Varios periódicos argentinos llegaron a afirmar que el Reino Unido abandonaba la protección de las Islas Malvinas. En el mismo sentido, los representantes malvinenses en Londres expresaron su profunda preocupación por el inminente desarme
La nueva ley de nacionalidad aprobada por el Parlamento británico relegaba a la mayoría de los nativos malvinenses a una segunda categoría y les negaba la ciudadanía completa
3)La guarnición británica en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur era reducida, y la lejanía a la metrópoli impedía la llegada de refuerzos a tiempo.
4)La capacidad de guerra anfibia del Reino Unido por la distancia no parecía estar a la altura de las circunstancias, pese a su gran poderío aeronaval.
5)La Junta no creyó probable que el Reino Unido realizara un contraataque a gran escala, afectando al territorio continental argentino —por ejemplo, usando sus submarinos nucleares— por una cuestión colonial sobre unas islas remotas
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